La violencia contra la mujer en tiempos de COVID-19








La violencia contra la mujer es el problema de derechos humanos más extendida en el mundo, siendo un peligro potencial para la mitad de la población del planeta y una realidad para aproximadamente 1,257 millones de mujeres[1]. La ONU define este problema como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, incluyendo amenazas, coacción o la privación arbitraria de la libertad”.


Las expresiones de este problema se manifiestan de forma física, emocional y sexual siendo la violencia por un compañero sentimental, la violencia sexual, la trata de humanos, la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil las principales pero no las únicas, y por consecuencia provocando efectos tanto a corto plazo como embarazos no planeados, enfermedades de transmisión sexual, cortes y fracturas, como a largo plazo como problemas de salud mental, alcoholismo, drogadicción y conductas riesgosas.


El tema de violencia contra la mujer es muy grave e importante no sólo por cuestiones de justicia social y bienestar de las mujeres, sino porque es muy probable que sea un antecedente directo para que en el futuro los miembros de una familia participen en comportamientos violentos sin importar si son víctimas o victimarios, ya que este comportamiento es normalizado y copiado. Siendo los principales factores de riesgo de violencia contra la mujer el bajo nivel educativo, un historial de maltrato infantil, desigualdad, discriminación de género, entre otros. Además hay otros factores que ponen a las niñas y mujeres en mayor riesgo de violencia como son las emergencias humanitarias, los desastres naturales y las pandemias, lo cual no excluye la actual crisis de COVID-19.


La situación que se está viviendo en el mundo en relación con la pandemia que se ha provocado por el virus SARS-COV-2 ha sido la causa de inseguridad económica, alimentaria, el confinamiento de la mayoría de la población, disminución de ingresos, desempleo e incremento de niveles de estrés, provocando así el incremento significativo de la violencia hacia niñas y mujeres. De igual manera estas causas han incitado una mayor exposición de explotación sexual hacia ellas por tener un trabajo informal o condiciones precarias laborales.


La situación en Latinoamérica ha sido alarmante, ya que desde hace tiempo ha tenido altos índices de violencia intrafamiliar (que en su mayoría es traducida en violencia contra la mujer) y feminicidios. En México 163 mujeres han sido asesinadas desde finales de marzo que empezó la cuarentena hasta finales de abril, 19 en Argentina, 12 en Colombia, 6 en Perú y 4 en Chile. Además de que los lugares para mujeres de las casas refugio han incrementado un 33% desde que empezó la cuarentena.


En Ciudad de México se ha reportado un incremento importante en violencia y delitos contra la mujer en este año, ya que entre enero y mayo se reportaron 108,778 llamadas al 911 relacionadas a este problema, siendo 47% más que en el mismo periodo de 2019. De igual manera se percibió un incremento del 32% de febrero a marzo. El problema es que no todos los casos de violencia son reportados a las autoridades, recibiendo el nombre de “cifra negra”. De acuerdo a datos recientes la cifra negra corresponde a 93.2% de los delitos totales, siendo reportados y monitoreados solo el 6.8% de los casos[2]. La cifra negra puede atribuírsele principalmente a la violencia familiar, ya que muchas mujeres no denuncian o siguen con sus parejas violentas, ya que piensan que hacerlo podría afectar a sus hijos o a ellas mismas.


Sin embargo, las líneas de ayuda no han sido la única herramienta para determinar la violencia intrafamiliar que se está viviendo. Se ha hecho análisis sobre la tendencia e interés en las búsquedas de los usuarios de internet sobre violencia doméstica y se ha encontrado que las búsquedas sobre el tema de violencia intrafamiliar se mantienen constantes con tendencias superiores a la media y que no dejan de ser buscados por lo que va del 2020.


Lo que las empresas pueden hacer es recabar información global disponible sobre cómo prevenir y responder a la violencia en contra de la mujer y hacer capacitaciones tanto a hombres como a mujeres. Además de hacer redes de apoyo entre sus empleados para enfrentar situaciones de violencia.


El plan de seguridad que propuso la Secretaría de Gobierno para proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar fue una estrategia que busca principalmente la capacitación de los servidores públicos y autoridades en temas de paz y derechos humanos, hacer campañas sobre la prevención del rompimiento de “armonía familiar”, recomendaciones de salud y seguridad, entre otros. Sin embargo, es importante dejar la retórica por un lado y hacer acciones que ayuden a las mujeres a salir de este problema que afecta a tantas.


Es de vital importancia que el público sepa que la violencia contra la mujer existe y que está incrementando gracias a la situación actual que se está viviendo a causa del COVID-19. Que las mujeres que son víctimas sientan la suficiente confianza en las autoridades para denunciar a su agresor y sentirse seguras que al hacerlo no habrá repercusiones en su contra, ya que las autoridades las estarán cuidando. Es difícil llegar a este punto, sin embargo, es a lo que se tiene que aspirar para resolver este problema desde la causa raíz.


Si quieres ser parte de este cambio da click aquí y súmate a la campaña para impulsar soluciones ante la violencia contra la mujer en México.

[1] Tomando en cuenta que hay 7,700 millones de personas en el mundo y 49.5% son mujeres y de acuerdo a la ONU una de cada 3 mujeres han sufrido de violencia a lo largo de su vida. [2] De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 del INEGI.

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